Gran preocupación le asiste a la Defensoría del Pueblo por el aumento de la vulneración de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la población civil en Córdoba.

Los homicidios y otros hechos de violencia cometidos por seis frentes y tres bloques de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo) que delinquen en el departamento tienen inmersos a sus habitantes en un ambiente de terror. 

“El asesinato de 126 personas en los primeros seis meses del 2023 en el departamento, 44 de los cuales ocurrieron en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos, evidencia la materialización de lo que hemos advertido por medio de nuestras Alertas Tempranas”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

La Defensoría emitió la Alerta Temprana (AT) 007 del 4 de marzo del 2022, la 015 del 24 de junio del 2022 y requerimientos oportunos, como el del 10 de marzo del 2023, en el que se advertía a las autoridades competentes sobre posibles atentados en contra de alrededor de 100 personas residentes en áreas rurales de Chimá, Ciénaga de Oro, San Carlos, Sahagún y Chinú.

En esos municipios circularon versiones sobre la existencia de un listado en el que fueron declaradas 'objetivo militar' por un supuesto grupo de justicia privada que, en alianza o a través de la instrumentalización de las AGC, pretendía asesinarlas por estar, a su juicio, involucradas en casos de abigeato.

Lo que viene padeciendo Córdoba en las últimas semanas ha generado zozobra entre la población. “A la situación de riesgo permanente se suma el hecho de que la justicia no muestra avances significativos que apunten a ponerle freno a la andanada de crímenes", señaló Carlos Camargo Assis.

Otro hecho que reviste especial preocupación es el incremento en los actos de violencia para demandar el pago de extorsiones a las AGC, fenómeno que impacta a la población en general y en especial a contratistas de obras públicas, declarados en ocasiones blanco de su actuar criminal. 

“Esta situación priva a las comunidades de acceder a los bienes y servicios otorgados por el Estado y les genera pánico día y noche. Están siendo expuestas, en todo momento, a la vulneración de sus derechos", aseveró el Defensor del Pueblo.

Un total de 401 personas fueron asesinadas durante el 2022, 62 más que en el 2021, lo que se traduce en un incremento del 18.29%. Esta problemática, también en el 2022, afectó principalmente a la ciudad de Montería y a los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Antero, San Carlos, Chimá y Buenavista, donde fueron registrados 205 homicidios.   

"Hacemos un llamado vehemente a las autoridades a fortalecer los planes de acción, basados en las recomendaciones que hicimos a través de las Alertas Tempranas, con el fin de salvaguardar la vida de las comunidades en el departamento de Córdoba", puntualizó Carlos Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo